MENDOZA.- En un plazo máximo de 3 meses comenzará a aplicarse el tratamiento farmacológico conocido como castración química para prevenir la reincidencia de personas condenadas por violación, anunció hoy el ministro de Gobierno, Mario Adaro.
Los violadores no están obligados a someterse a este programa pero quienes se niegen pederán beneficios como la posibilidad de reducir sus condenas y de obtener libertad condicional.
El funcionario informó que ya comenzó un plan de capacitación de profesionales que tendrán a cargo el tratamiento y confirmó que ya se asignó una partida presupuestaria para la compra de los medicamentos cuyo efecto es disminuir los niveles de andrógeno circulante y de la libido.
También informó que el Ejecutivo se apresta a enviar un proyecto a la legislatura para impedir que los condenados por delitos sexuales que se resistan a someterse a la castración química reciban beneficios como indultos, rebajas o conmutaciones de penas.
Estas medidas fueron propuestas en noviembre último por un comité de expertos integrado por profesionales de diversas disciplinas.
La idea de la castración química fue anunciada por el gobernador para poner fin a una ola de ataques sexuales que a mediados de 2009 hizo aumentar 30% las estadísticas de esos delitos en Mendoza.
El abogado, Pablo Salinas, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, sostuvo que la iniciativa del gobierno mendocino "es inconstitucional y le va a generar al Estado argentino responsabilidades en los tribunales internacionales".
Consultado por lanacion.com, indicó que "viola el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto a las garantías judiciales y derechos como los de integridad personal y síquica".
Y agregó: "Con tal de salir en libertad los condenados van a someterse al tratamiento pero esto no soluciona el problema de fondo.¿Cómo van a controlar su vida privada?".
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