sábado, 8 de agosto de 2009

Cholula: su patrimonio arqueológico destruido

Cholula: su patrimonio arqueológico destruido


ANAMARÍA ASHWELL MALLORQUIN

Tantos eufemismos sobre “madrugadas” y “amaneceres” en cartas dirigidas a La Jornada de Oriente –en alusión a la destrucción de un sitio arqueológico en Cholula el 26 de julio de 2009– no debería distraernos del hecho: en Cholula se procedió a una destrucción grosera, absurda y estúpida de un sitio arqueológico que nos hubiera otorgado no solo información sobre la ciudad prehispánica sino posiblemente sobre el momento en que la ciudad indígena enfrentaba la conquista española en el siglo XVI. Ese sitio arqueológico reconstruido, además, hubiera significado un corredor turístico ventajoso a los intereses comerciales de los vecinos. Los responsables inmediatos de esa destrucción fueron: el encargado de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) regional, Eduardo Merlo; el delegado regional del INAH, Victor Hugo Valencia, y el presidente nunicipal de San Pedro Cholula, Francisco Covarruvias. Ellos, sin un mandato legal, sin un dictamen de académicos (avalado por los especialistas en Salvamento de Sitios y Monumentos del INAH federal), exhibiendo una carta de protesta de 60 comerciantes (los comerciantes directamente afectados eran sólo dos o quizás uno: la gasolinera asentada en una esquina inapropiada por la densa conurbación y un balneario cuyas construcciones afectan la descarga natural de agua hacía un riachuelo que quedo obstruido) permitieron y procedieron a destruir el sitio arqueológico. Repito lo que ya escribí antes en este mismo periódico: ese sitio en la 12 Oriente y 10 Poniente quedó expuesto al introducir un drenaje pluvial y de agua negras producto de la mala planeación urbana, la ausencia de un reglamento de construcción y por las políticas del gobierno del estado, del gobernador Mario Marín y del presidente municipal de San Pedro Cholula Juan Pablo Jiménez Concha, quienes en el año 2004 autorizaron la ampliación de la carretera federal hacia el Centro Histórico de San Pedro Cholula destruyendo la densa foresta madura de las zonas altas y afectando la traza y el subsuelo prehispánico de la ciudad.

En relación a la destrucción de este sitio lo que más preocupa es la manera como quedaron exhibidos los funcionarios del INAH regional y dañando el mandato constitucional que tienen para cuidar de nuestro patrimonio nacional. ¿Desde cuando el INAH emite un dictamen y autoriza la destrucción de un sitio arqueológico considerando la política electorera de gobernantes locales y estatales? ¿Desde cuando los encargados –por la Constitución de México– de cuidar y preservar nuestro patrimonio histórico y edificado firman y autorizan destrucciones –o salvamentos– de sitios arqueológicos basados en peticiones de 60 o mil personas? ¿Desde cuando el INAH permite la destrucción de un sitio arqueológico porque hay “costos políticos”, “presión de poderes de facto”, o porque 60 o mil o los que sean comerciantes pierden dinero; o porque unos ignorantes y majaderos “líderes” locales insultan a los arqueólogos mientras realizan su trabajo? Allí estuvimos también los que alentábamos a los arqueólogos –ciudadanos cholultecas, antropólogos e historiadores– que incluso dimos explicaciones e información a transeúntes y curiosos sobre los posibles alcances de la excavación y a quienes contagiamos nuestro entusiasmo en favor del salvamento del sitio. ¿Debimos también pedirle al INAH regional que nos firmara una carta a nosotros en sentido contrario al de los 60 comerciantes para salvar el sitio? ¿Debimos haberle mandado una petición firmada al gobernador Mario Marín en sentido contrario al de los 60 comerciantes para qué él y el presidente municipal de San Pedro Cholula no autorizaran, ni los funcionarios del INAH se sintieran intimados, a proceder con la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico? ¿Debimos redactar una petición con firmas dirigidas al INAH, al gobernador y al presidente municipal, explicándoles las razones por las cuales unos metros de tubería de aguas negras no son más importantes que cuatro edificios de la ciudad indígena prehispánica con varios entierros rituales? ¿Debimos poner a votación si se salva o no el patrimonio prehispánico de Cholula? ¿En qué país vivimos que la complicidad entre el dinero, el poder político y la ignorancia histórica decide la destrucción de un sitio arqueológico en una ciudad como Cholula cuyo valor y mérito principal –esencial– es el sitio que ocupa en la historia de México y de Mesoamérica?

La profesión de arqueólogos, antropólogos y etnohistoriadores no la escogemos porque esperamos obtener con la titulación grandes sueldos. La escogemos porque tenemos pasión y compromiso con los pueblos que nos precedieron; porque tenemos vocación y curiosidad por los orígenes del hombre y sus culturas. Esta profesión solo se puede ejercer como lo hicieron los arqueólogos en esas zanjas del sitio arqueológico destruido en Cholula: ellos se apresuraron para rescatar y conocer lo más posible de la ciudad indígena cholulteca ¡en un tiempo imposible! negociado a pesar suyo entre políticos, delegados del INAH regional y unos comerciantes sin cultura histórica ni cívica.

A muchos nos resulta éticamente imposible resignarnos ante esta y otras destrucciones del subsuelo arqueológico cholulteca; e inaceptables las excusas y evasivas que aducen los encomendados por las leyes para defender nuestro patrimonio arqueológico al haberlo permitido. Los antropólogos urgentemente necesitamos revisar la conducción del INAH ante el patrimonio histórico de la nación y exigir a los que dirigen esta institución en Puebla el cumplimiento, no la omisión, de las leyes de protección y salvamento.

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/08/07/puebla/ashwell21.php

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